Solo el 3% de los andaluces conduce un coche eléctrico pese al aumento de su buena imagen

El 58% valora positivamente el vehículo eléctrico, pero el precio y la falta de puntos de carga siguen frenando su expansión
La presentación del informe.
La presentación del informe.

El Observatorio de Transición Justa (OTJ) ha presentado los resultados de su cuarto estudio sobre la percepción ciudadana ante la transición ecológica, centrado esta vez en Andalucía. La investigación, impulsada por la Fundación Moeve y la consultora Red2Red, analiza cómo perciben los andaluces el cambio climático y las políticas públicas destinadas a combatirlo.

El informe revela que el 61% de la población andaluza considera que la lucha contra el cambio climático debe seguir siendo una prioridad, aunque el dato supone una caída de ocho puntos respecto a 2022. Aun así, el 78,4% cree con total seguridad que el cambio climático está ocurriendo, frente al 85,5% de hace tres años. La brecha de género también se amplía: las mujeres muestran más preocupación y convicción climática que los hombres.

Pese a esta ligera desafección, el estudio destaca un tono general más optimista. Según los resultados, el 46% de la población andaluza dice comprender el término “transición ecológica”, y la mayoría valora positivamente sus efectos. El 70% cree que puede reducir la contaminación y el 64% que mejorará la salud, mientras que predominan por primera vez las emociones positivas, como la esperanza (25%), el interés (23%) y la responsabilidad (17%), por encima de la desconfianza o la impotencia.

En cuanto a los impactos socioeconómicos, el 51% considera que la transición generará empleo, aunque el 41% teme pérdidas laborales y el 22% de las personas ocupadas cree que su propio empleo podría verse afectado. Además, un 48% anticipa posibles tensiones sociales, si bien Andalucía destaca por una mayor demanda de participación ciudadana (55%) frente a la media nacional.

El estudio refleja también la brecha entre conciencia y práctica ambiental. Aunque el 67% de los andaluces recicla habitualmente, otras prácticas sostenibles no superan el 30%. El uso del coche privado sigue siendo mayoritario (52%), y apenas el 3% conduce un vehículo eléctrico, aunque su percepción positiva crece (58%). Las principales barreras siguen siendo el precio, la autonomía y la falta de puntos de recarga.

En el terreno de las políticas públicas, el apoyo ciudadano es amplio pero desigual: el 81% respalda facilitar proyectos ecológicos, el 79% apoya incentivar a las empresas sostenibles, y solo el 39% aprueba los impuestos ambientales.

El informe identifica tres perfiles sociales frente a la transición verde: los “comprometidos” (49%), con alta conciencia y disposición a actuar; los “escépticos” (37%), que apoyan las medidas siempre que no impliquen costes personales; y los “inmovilistas” (14%), con rechazo generalizado y baja implicación.

Según Anabel Suso, coordinadora del informe y directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red, “este estudio en Andalucía refleja una sociedad que, aunque mantiene un alto nivel de conciencia climática, muestra señales de desafección que debemos atender. La percepción de que la transición puede ser una oportunidad está presente, pero solo si es justa, cercana y adaptada a las condiciones reales de la ciudadanía.”

Por su parte, Teresa Mañueco, directora de Fundación Moeve, subraya que “Andalucía ofrece un escenario lleno de posibilidades para avanzar hacia una transición ecológica justa. Este informe nos ayuda a entender mejor cómo se sienten las personas ante estos cambios y qué barreras debemos derribar para que nadie se quede atrás en el camino hacia un futuro más sostenible.”

El documento concluye que las políticas climáticas deben adaptarse a las realidades locales. En Andalucía, la transición ecológica se percibe como una oportunidad en empleo, salud y medioambiente, pero requiere más información, participación ciudadana y justicia social para consolidarse.

La encuesta fue realizada entre febrero y marzo de 2025, con 3.280 personas en toda España y 579 en Andalucía, aplicando cuotas por edad, sexo, hábitat y comunidad autónoma.