Andalucía reduce los accidentes laborales más que la media nacional en pleno aumento del empleo

La siniestralidad laboral en Andalucía ha registrado un descenso significativo en los últimos años, incluso en un contexto marcado por el aumento del empleo. Así lo ha trasladado la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, durante su intervención en el Parlamento andaluz, donde ha detallado que el índice de incidencia de accidentes laborales cayó un 7,37% entre 2024 y 2025.

Este periodo coincide con los dos primeros años de aplicación del I Plan de Actuación de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo (EASST) 2024-2028, una iniciativa impulsada por el Gobierno andaluz para reforzar las políticas de prevención en los centros de trabajo.

Durante la sesión de control al Ejecutivo autonómico en el Pleno del Parlamento, la consejera explicó que la reducción registrada en Andalucía supera a la media nacional, que se situó en el 6,17%. En concreto, la comunidad autónoma presenta una caída de la siniestralidad 1,20 puntos superior al conjunto del país.

Además, este descenso se produce en un contexto económico caracterizado por el aumento de la población trabajadora. Según los datos aportados por la consejera, Andalucía cuenta con 224.500 ocupados más en ese mismo periodo, lo que refuerza la relevancia del descenso de los accidentes laborales.

A esta evolución reciente se suma también una tendencia de reducción acumulada en años anteriores, ya que entre 2019 y 2023 la comunidad autónoma registró un descenso del 11,75% en la siniestralidad laboral.

Trabajo conjunto con agentes sociales

La responsable autonómica explicó que la política de prevención laboral se diseña en colaboración con los principales agentes sociales y económicos de la comunidad. En concreto, se articula a través del Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (CAPRL), órgano en el que participan administraciones, organizaciones empresariales y sindicatos.

En este contexto, la consejera subrayó que "la prevención de riesgos laborales y la reducción de la siniestralidad laboral es una tarea que nos compromete a todos: gobiernos, empleadores y trabajadores".

Según señaló Blanco, la reducción de los accidentes laborales responde a una responsabilidad compartida entre administraciones, empresas y trabajadores, una dinámica que definió como una "confluencia de responsabilidades" que está contribuyendo a mejorar los resultados.

No obstante, la consejera quiso evitar interpretaciones excesivamente optimistas sobre estos datos y recordó que el objetivo sigue siendo seguir reduciendo los accidentes en el ámbito laboral. En ese sentido, rechazó cualquier enfoque triunfalista al advertir que "puesto que cualquier accidente laboral deja tras de sí un drama personal y familiar, sobre todo si deriva en el fallecimiento del trabajador".

Estrategia andaluza con 48 millones de inversión

El descenso de la siniestralidad laboral se enmarca dentro de la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo (EASST) 2024-2028, que cuenta con una inversión global de 48 millones de euros.

Actualmente se encuentra en ejecución el primero de los dos planes de acción previstos, correspondiente al periodo 2024-2026 y dotado con casi 23 millones de euros.

Este plan incluye un total de cien medidas dirigidas a reforzar la prevención de riesgos laborales, con especial atención a la promoción de la cultura preventiva en las empresas. Cerca de un tercio de estas actuaciones se centran específicamente en reducir la siniestralidad laboral.

Medidas para prevenir accidentes laborales

Entre las iniciativas contempladas en esta estrategia destacan las acciones dirigidas a afrontar riesgos emergentes, así como el refuerzo de medidas que ya demostraron su eficacia en programas anteriores.

En este sentido, se recuperan actuaciones aplicadas durante la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022, posteriormente ampliada hasta 2023, así como las medidas incluidas en el Plan de Choque contra la Siniestralidad, aprobado en agosto de 2023 y con una vigencia de un año.

Las actuaciones incluyen inspecciones y acciones comprobatorias en empresas, el refuerzo de líneas de incentivos, especialmente dirigidas a pymes, así como campañas de sensibilización destinadas a mejorar la cultura preventiva.