Jerez recurre de nuevo al plan estatal de pago a proveedores para liquidar 24,6 millones en facturas
El Pleno municipal ha aprobado hoy acogerse a un nuevo mecanismo de pago a proveedores puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda, una medida que en el caso del Ayuntamiento de Jerez tenía carácter obligatorio y que permitirá saldar deudas por importe de 24,6 millones de euros.
En esta ocasión tampoco ha sido necesario modificar las condiciones del Plan de Ajuste aprobado en noviembre de 2023, por lo que no se incorporan nuevas medidas de incremento de ingresos, reducción de gastos ni actuaciones adicionales.
La adhesión al plan de pago a proveedores ha contado con el respaldo de todas las formaciones políticas salvo el PSOE, que se ha abstenido. Por su parte, la actualización del Plan de Ajuste ha encontrado la oposición de PSOE y Vox, mientras que La Confluencia se ha abstenido. Ambos acuerdos han salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP.
Con la aprobación de estas medidas, el Gobierno local asegura estar avanzando “en el cumplimiento de sus compromisos financieros, en la mejora de la liquidez de las empresas que prestan servicios municipales y en la consolidación de la hoja de ruta marcada para fortalecer la sostenibilidad económica de la institución y recuperar progresivamente su capacidad financiera”.
- El Gobierno defiende que no habrá nuevas medidas de ajuste
- El PSOE ve en el préstamo una prueba de la mala gestión económica
- Vox alerta del coste financiero de la operación
- La Confluencia insiste en una gestión más austera
El Gobierno defiende que no habrá nuevas medidas de ajuste
El delegado municipal de Economía y Hacienda, Francisco Delgado, ha incidido en que el Plan de Ajuste necesario para acceder a este mecanismo extraordinario de financiación “mantiene exactamente las mismas medidas que ya estaban en vigor, por lo que no supone nuevos sacrificios ni modificaciones para los vecinos”.
El PSOE ve en el préstamo una prueba de la mala gestión económica
El portavoz socialista, José Antonio Díaz, considera que este nuevo préstamo “evidencia que las cuentas del Gobierno no cuadran”, ya que el Ejecutivo se acoge a esta medida “porque durante tres años su gestión económica se ha basado en el gasto sin control y el derroche, generando impagos a proveedores y gastando más de lo que se ingresa”.
Para Díaz, el hecho de que el Ejecutivo municipal esté “pidiendo un rescate para el Ayuntamiento y sus empresas públicas porque no paga ni a sus proveedores” choca además con “el triunfalismo” de la alcaldesa, María José García-Pelayo.
“Pelayo insiste en vender que todo va bien, que la situación financiera del Ayuntamiento mejora y que su gestión es un éxito. Pero la realidad desmonta el relato. Si todo está tan bien, ¿por qué vuelve a pedir un rescate de 25 millones de euros? ¿Por qué el Ayuntamiento acumula 25 millones de euros en facturas impagadas? La respuesta es sencilla: porque el Gobierno del PP está gastando más de lo que ingresa”, ha afirmado el portavoz socialista.
Vox alerta del coste financiero de la operación
Mientras tanto, el concejal de Vox Ignacio Soto ha lamentado que de los casi 25 millones de euros del plan “aproximadamente 5,5 sean exclusivamente para pagar intereses”.
“Eso significa que una parte importante del dinero no va destinada a mejorar la ciudad ni a prestar servicios, sino simplemente a pagar el coste de seguir endeudándonos”, ha añadido.
Asimismo, ha advertido de que este mecanismo de financiación supone “convertir una deuda actual en una deuda que se seguirá pagando durante los próximos 15 años, y además con intereses”.
La formación ha insistido, por último, en que lleva tiempo reclamando una revisión profunda del funcionamiento económico municipal, con medidas concretas y planificación a medio y largo plazo, porque “no puede ser” que año tras año se apliquen “las mismas soluciones” a “los mismos problemas”.
La Confluencia insiste en una gestión más austera
Por su parte, Teresa Chamizo volvió a calificar de “mal menor” este tipo de mecanismos, insistiendo en la necesidad de reducir gastos “superfluos” para garantizar la prestación de los servicios públicos y abogando por una gestión más austera.
