Portadas de papel

Pelayo se reunirá la próxima semana con caseteros y hosteleros

Es el primer paso del Gobierno local después de conocer la sentencia que anula el reparto de casetas realizado este año

 Los caseteros en una imagen de archivo de la reunión con la alcaldesa la pasada primavera. | jerez.es
Los caseteros en una imagen de archivo de la reunión con la alcaldesa la pasada primavera. | jerez.es

Las reacciones a la sentencia que anula los acuerdos de Junta de Gobierno sobre el reparto de casetas de la pasada Feria del Caballo llegaron en cascada este miércoles, comenzando por el PSOE, que ha reclamado explicaciones públicas por parte de la alcaldesa de la ciudad después de que el propio Ayuntamiento reconociera ante la autoridad judicial el error en el procedimiento.

De momento, desde el Gobierno local se ha avanzado que ya se ha cerrado una reunión para el lunes en la que la alcaldesa, María José García-Pelayo, y el delegado de Fiestas, Francisco Zurita, van a abordar la situación con las dos asociaciones de caseteros y con la asociación de Hostelería Jerez.

El portavoz del PSOE, José Antonio Díaz, manifestaba por su parte que “la justicia ha confirmado que el reparto de casetas no se ajustó a las ordenanzas municipales y, por tanto, se actuó contra la legalidad vigente”, por lo que se “ha perjudicado gravemente y económicamente a numerosos caseteros desplazados injustamente y se ha dañado la imagen de la Feria del Caballo. Ahora, ¿quien paga este despropósito?”, se preguntaba.

En este sentido, desde Adelante Jerez, que también ha pedido la dimisión de Zurita, se abundaba igualmente en la cuestión avanzada desde IU este martes: que los caseteros afectados, a la luz de la sentencia, puedan reclamar daños y perjuicios al Ayuntamiento, cuya consecuencia directa fuese el pago que “vamos a tener que costear las jerezanas y jerezanos” por la “cabezonería del Gobierno local a la hora de aprobar un reparto que fue puesto en duda la pasada primavera.”

A este respecto, desde el PSOE ya han avanzado que van a analizar “en profundidad la sentencia y la documentación obrante”, ya que “todo indica que no estamos ante una cuestión administrativa”, apuntaba José Antonio Díaz, dejando entrever la posibilidad de recurrir a otras instancias judiciales.