El Gobierno local insiste en licitar “cuanto antes” el Club Social de Puertas del Sur
El Pleno rechaza con los votos del PP las alegaciones presentadas por los socios que trataban de impedir el desalojo de las instalaciones
El Pleno del Ayuntamiento de Jerez ha rechazado con los votos del PP las alegaciones presentadas por los socios del Club de Puertas del Sur contra la extinción del derecho de superficie a favor de la entidad sobre una parcela de equipamiento público de titularidad municipal, lo que implica el desalojo definitivo de estas instalaciones.
En la sesión no ha faltado el habitual cruce de reproches, fundamentalmente entre PP y PSOE, ante un desenlace final que según el Gobierno local no implica más que atender un “imperativo legal”, y es que en base a la legislación actual no era posible prorrogar por más tiempo un derecho que expiró en diciembre de 2024.
El primer teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz, insistió en cualquier caso en la idea de licitar “cuanto antes” una concesión administrativa de este equipamiento a la que podrán optar “todas las personas físicas y jurídicas” que estén interesadas, incluidos los socios y gestores actuales.
Por tanto, el acuerdo aprobado por el Pleno “no supone el cierre definitivo de las instalaciones”, para las que se procurará “un futuro aún mejor, si cabe”, poniendo Muñoz como ejemplo otros equipamientos tales como la Ciudad de los Niños, que a su juicio ya vivió “una situación similar”.
El portavoz del grupo socialista, José Antonio Díaz, acusó a la alcaldesa, María José García-Pelayo, de haber “engañado” a los vecinos antes de las elecciones de 2023, prometiendo “la continuidad del club” y generándole “unas expectativas” que finalmente no ha podido cumplir “a cambio de votos”.
Además, aseguró que el Gobierno local había dado “plantón” a los socios del club “hasta en cinco ocasiones”, habiendo actuado “de mala fe” porque en su opinión el desalojo de las instalaciones estaba ya “organizado y orquestado” con el objetivo de “hacer negocio a costa de las familias”.
Antonio Fernández, de Vox, admitió la existencia de un “trámite legal” que “ampara” la decisión municipal, pero lamentó que no se haya tenido “sensibilidad” ni “empatía” con los socios a pesar de que “trataron de plantear alternativas”.
Violeta Márquez, de La Confluencia, mostró su discrepancia con la “forma de gestionar este asunto desde el principio”, afeando al Gobierno local que durante el procedimiento tratara de “marear a los vecinos”.
Agustín Muñoz concluyó acusando al PSOE de haber “engañado” durante sus ocho años de Gobierno a estas familias, asegurando incluso que en las reuniones que mantuvo con los afectados llegó a reconocer que “no era posible” prorrogar ese derecho de superficie.
El primer teniente de alcaldesa también insistió en la idea de que “el club no se cierra” y dejó claro que la entidad ha funcionado durante todos estos años como una sociedad “privada” que requería del abono de “una cuota de inicio y una cuota mensual”. Por tanto, no estábamos ante “unas instalaciones abiertas a todo el mundo”.