“El cierre de la azucarera pone en riesgo miles de empleos y el futuro rural”
COAG lamenta el cese definitivo de la actividad en la planta de Jerez, que reducirá el cultivo de remolacha “a la mínima expresión”
COAG Andalucía ha advertido de que el cierre de la azucarera de Jerez “pone en riesgo miles de empleos y el futuro rural”, acabando además con “más de un siglo de historia industrial y agrícola en la provincia” de Cádiz, en lo que considera un “símbolo” de la “crisis estructural” que está “desmantelando al sector agrario español”.
Para la organización agraria, el cierre de la planta de Jerez “es el reflejo de un modelo industrial y político fallido que prioriza la rentabilidad global inmediata sobre la sostenibilidad y el arraigo territorial”.
En este sentido, Diego Bellido, responsable de remolacha de COAG Andalucía avanza que “la desaparición de la industria” implicará también “la desaparición de los cultivos”, de manera que se perderá “valor añadido, empleo rural y sostenibilidad”.
Pero eso no es todo, ya que para Bellido lo “más grave” es que España perderá su “soberanía alimentaria”, pasando a depender de la importación de productos “cuya trazabilidad, sostenibilidad y calidad no se puede garantizar al mismo nivel que la producción local”.
No en vano, la empresa Azucarera va a invertir 42 millones de dólares para trasladar parte de su producción a Paraguay, lo que para COAG supone un gran daño, “ya que trae esta deslocalización” y tiene “graves consecuencias para el campo español”.
El responsable de Remolacha de COAG entiende que “la agonía” de este cultivo es consecuencia directa “de una combinación de presiones que ahogan al sector”.
En primer lugar cita a la caída constante de los precios percibidos por el agricultor, para a continuación seguir con el aumento de los costes de producción y la falta de apoyo público. A este respecto, lamenta el exceso de regulación, que ha implicado restricciones fitosanitarias cada vez más exigentes, o la reducción de las ayudas específicas, sin dejar de lado una reestructuración industrial “que empuja la producción fuera” de nuestras fronteras.
La organización agraria se pregunta ahora qué pasará con las hipotecas y la inversión de los agricultores que trabajaban como maquileros, así cómo qué alternativas se ofrecerán a quienes hubieran adquirido compromisos y obligaciones medioambientales ligadas al cultivo.
Por último, a COAG le gustaría saber qué futuro espera para las empresas, técnicos y profesionales vinculados históricamente a este cultivo.
“Estamos asistiendo -subraya Diego Bellido- al final de uno de los cultivos más sociales y emblemáticos de nuestro país, aquel que impulsó el desarrollo económico de nuestras zonas rurales y contribuyó a fijar población en el territorio”, lamenta.
La remolacha azucarera “ha sido defenestrada y vilipendiada, víctima de políticas que no han sabido reconocer su valor social, económico y ambiental como motor de cohesión territorial”.
Por todo ello, para COAG es necesario que la Política Agraria Común (PAC) “vuelva a su esencia”, que no es otra que “proteger a quienes alimentan Europa, garantizar un medio rural vivo y asegurar la soberanía alimentaria de sus pueblos”.
Asimismo, reclama a las administraciones públicas “una respuesta inmediata y coordinada que debe incluir alternativas viables, con una oferta de soluciones concretas para agricultores, trabajadores y empresas afectadas; preservación nacional, con medidas urgentes para proteger la producción nacional de remolacha en las zonas restantes; y protección para garantizar el empleo rural vinculado a este sector”.