El Ayuntamiento se allanó a la denuncia del PCE para "no dañar" más a la feria

La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, ha hablado este viernes con detalle sobre la sentencia que ha anulado los acuerdos de Junta de Gobierno sobre el reparto de casetas en la Feria del Caballo de este año. En este sentido, ha admitido el "error", que atribuye a la "precipitación" con la que se afrontó la aplicación de las nuevas ordenanzas, y ha justificado el allanamiento del Ayuntamiento a la denuncia del PCE, que implicaba el reconocimiento de ese "error".

Del mismo modo, ha anticipado que han solicitadoun informe a Sanguino, "que es el gabinete jurídico que contrató el gobierno anterior para asesorar al Ayuntamiento", para "conocer exactamente la aplicación de esa sentencia".

García-Pelayo, que ha citado este lunes por la tarde a las dos asociaciones de caseteros de la ciudad y a la de hosteleros de Jerez, ha justificado que la opción del allanamiento se tomó para "proteger la imagen" de la ciudad y la feria "a cualquier precio". En su opinión, "prolongar un procedimiento judicial puede contaminar de alguna manera la imagen de nuestra feria y puede contaminar de alguna manera la celebración de la próxima feria. Y eso no se lo merece Jerez. Lo más lógico, lo más rápido, lo más fácil y también, por qué no decirlo, lo más contundente por parte del gobierno ha sido hacer lo que hemos hecho. Allanarnos y evitar la prolongación de un procedimiento que yo creo que se hubiera prolongado en el tiempo, porque siempre puedes argumentar y puedes defender tu posición, pero que en todo caso creo que hubiera hecho daño a la imagen de Jerez y sobre todo, en este caso, a nuestra feria".

Por otro lado, ha recordado que el origen de toda la polémica se encuentra en la novedad de la propia ordenanza de la feria, ya que entró en vigor el 10 de noviembre del año 2024 y el plazo que tenían los caseteros para solicitar licencia, para poner caseta era el 15 de noviembre. "Es decir, cinco días después de que entrara en vigor la ordenanza de la feria finalizaba el plazo de los caseteros para solicitar licencia. ¿Qué fue lo que hicimos? Solicitarle a los caseteros que fueran añadiendo o  ampliando la información necesaria".

Del mismo modo, Pelayo ha incluido en su argumentario que se trataba asimismo de "una feria muy compleja de ordenar", e igualmente "no caímos en que tendríamos que haber previsto en esa ordenanza una disposición transitoria que nos hubiera permitido ordenar la feria con mayor cautela, con mayor tranquilidad. No lo hicimos, pero ahora lo estamos trabajando con las asociaciones de caseteros desde el mes de julio y la próxima feria evidentemente será una feria mucho más ordenada y sobre todo adaptada a las ordenanzas".

"Nosotros creímos que teníamos que introducir la obligatoriedad de justificar por qué va cada caseta donde va -ha ampliado la alcaldesa -. ¿Cuál fue el problema? La precipitación con la que entró en vigor la ordenanza y el tiempo que teníamos para abordar su implantación el primer año".

Lo más importante de todo es que en ningún caso la sentencia dice que se haya incumplido la ley. Lo que se han producido son defectos estrictamente procedimentales -puntaliza Pelayo-. Es decir, lo que ha faltado en la tramitación del procedimiento de concesión de licencia es un informe caseta por caseta que tenía que haber hecho la delegación de Fiestas, que era perceptivo pero no vinculante".

Ese informe no se hizo, pero sí un informe genérico de toda la feria. "¿Por qué? Pues por la precipitación con la que tuvimos que abordar la celebración de la última feria", algo que ha asegura que "no volverá a ocurrir".