La vivienda supera al empleo como principal causa de exclusión en Jerez
El último informe de la Fundación Foessa revela que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social en Jerez y en el conjunto de la provincia de Cádiz, por encima incluso del empleo. La causa principal es el fuerte encarecimiento de la compra y el alquiler en los últimos años, muy por encima de la evolución de los salarios.
A modo de ejemplo, Daniel Rodríguez de Blas recordó que entre 2018 y 2024 el precio de compra de la vivienda en Andalucía aumentó un 42%, mientras que en la provincia de Cádiz el alquiler subió un 25% entre 2018 y 2023. Esta presión tiene un impacto directo en la pobreza: más de 140.000 personas en la provincia caen en situación de vulnerabilidad tras afrontar los gastos de vivienda.
“El empleo ya no logra compensar el coste de la vivienda”, advirtió Rodríguez de Blas, quien alertó además de que el sobreesfuerzo residencial está empujando a numerosos hogares por debajo del umbral de la pobreza y obligando a muchas familias a vivir en condiciones inseguras o inadecuadas.
En este contexto, el informe lanza un mensaje contundente: “el derecho a la vivienda se ha convertido en un derecho ‘fake’”, al no estar consolidado como un pilar real del estado del bienestar con políticas públicas estables que prioricen su función social frente a su valor de mercado.
El estudio sitúa así la vivienda como el principal “cuello de botella” para la integración social. En Andalucía, esta dimensión de la exclusión afecta ya a casi una de cada cuatro personas, impulsada por un incremento de precios muy superior al de los ingresos.
Rodríguez de Blas subrayó además que la exclusión social responde a causas estructurales y no a fallos individuales. “No fallan las personas, falla el sistema”, afirmó, destacando que tres de cada cuatro hogares en exclusión cuentan con personas activas laboralmente.
Y es que el empleo, tradicionalmente considerado una vía de integración, ha perdido capacidad protectora. En la provincia de Cádiz, el paro se sitúa en torno al 18%, todavía por encima de los niveles previos a la crisis de 2008.
A ello se suma la precariedad laboral: unas 120.000 personas viven en hogares donde el sustentador principal tiene empleos inestables o insuficientes. De hecho, un 14% de las personas ocupadas se encuentra en situación de exclusión, lo que confirma que “trabajar ya no garantiza salir de la vulnerabilidad”.
El diagnóstico final apunta a un modelo social “agotado”, que genera desigualdad, precariedad y fragmentación. Frente a ello, el informe propone un cambio de rumbo basado en el refuerzo del estado del bienestar, políticas públicas a largo plazo y un nuevo pacto social que sitúe el cuidado y la dignidad de las personas en el centro.
“La exclusión no es una suma de casos individuales, sino el resultado de grietas profundas en nuestro modelo de desarrollo”, concluyó Rodríguez de Blas.
Por su parte, el director de Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez, Eugenio Sánchez, destacó que el informe “ayuda a comprender qué está pasando con la cohesión social, las desigualdades y las nuevas realidades vulnerables”, apoyándose en “una metodología seria, independiente y profundamente humana, porque detrás de cada dato hay personas e historias concretas”.
Cáritas no pretende, en cualquier caso, “reclamar desde la queja”, sino “ofrecer datos para el diálogo, la cooperación y la acción compartida”. “Nuestra misión es acompañar, defender y promover la dignidad de las personas en situación de exclusión, pero para ello necesitamos comprender la realidad en profundidad”, concluyó.
