La ratio, detrás de los problemas: cuando el claustro de profesores levanta la voz

El sindicato de enseñanza Ustea y la organización estatal STES publicaron hace unos días un macroestudio estatal que retrata un empeoramiento continuado del ambiente en los centros públicos de la provincia de Cádiz. Las cifras se mueven muy cerca de la media estatal, pero con matices que encienden las alarmas: más conflictividad, más presión diaria sobre los docentes y una sensación de desprotección que se extiende por las aulas.

Algunos de los datos se convirtieron en titulares ese mismo día, como que el 85,64% del profesorado define el ambiente de trabajo en el aula como “conflictivo y/o complicado”, o que el 82,45% del profesorado afirma percibir un incremento de las agresiones verbales y, en algunos casos, físicas; incluso por parte de familiares de los alumnos -un 73%-. 

Las cifras eran tan llamativas por sí mismas, que resulta inevitable preguntarse si no parecen exageradas. A Albert Bitoden, presidente de Flampa Jerez, se lo parece, al menos desde el ámbito local al que pertenece. “Nuestra experiencia en Jerez no es ésa. No sé el indicador de la encuesta, pero no lo percibimos como algo realista, sin quitarle valor a lo que denuncian las cifras; aunque sólo sea un  profesor el que lo haya sufrido, no es de recibo”. Sí admite y advierte del incremento de cierta violencia entre los jóvenes, puesto de manifiesto en los casos de acoso, pero considera “excesivo” que se “ponga el foco” en este ámbito. “La violencia no es de recibo bajo ningún concepto, pero hay que analizar las circunstancias que dan lugar a esas violencias”.

Federico Miguel, profesor jubilado y miembro de Marea Verde Jerez, “sin quitarle la razón a la encuesta”, la entiende más como “una llamada de atención de Ustea a la sociedad, pero la gravedad de la situación, y es una opinión muy personal, es más escándalo la noticia que la realidad misma”.

De hecho, la encuesta ha servido de base al sindicato, no sólo para alertar de esa “realidad”, sino para subrayar el “impacto directo que está teniendo en la salud laboral de los docentes”, que acumulan este “desgaste” junto al del incremento de su labor burocrática en los centros. Y ese desgaste tiene que ver con otra cuestión que sí concita la unanimidad de las fuentes consultadas por este periódico: el 94% del profesorado advierte que “las ratios actuales no permiten atender bien a un alumnado cada vez más diverso”, lo que reduce el “margen para la planificación, el seguimiento individual y la atención a conflictos que, además, van en aumento”, según Ustea.

Las ratios elevadas hacen que la convivencia en las aulas sea cada vez más difícil y genere tensiones y discusiones

David Morilla, responsable de comunicación del sindicato, incide en esta cuestión: “La elevada ratio impide un mayor control sobre el alumnado y evitar y detener tanto el acoso entre alumnos como de alumnos a profesores. Esos problemas no vienen de la nada, sino de unas ratios que hacen la convivencia más difícil en el aula, y genera más tensiones y discusiones”.

Federico Miguel, de hecho, deja a un margen los datos, para entrar de lleno en ese “malestar del profesorado en general”, que tiene que ver con el incremento de la burocracia y con la falta de contribución de la administración pública a la hora de construir una escuela cada vez “más inclusiva”. E incide en esa unanimidad en torno a una de las causas de esta situación: “Hay un consenso general a la hora de pedir una bajada de la ratio aprovechando que hay menos niños y niñas por el descenso de la natalidad. Con el mismo dinero se pueden tener aulas con menos alumnos, y eso va en favor de la mejora de la atención a los escolares, así como en la del profesorado tutor de cara a disponer de más liberación horaria”.

Miguel insiste en que “el coste es pequeño”, pero para ello también pide una mejor redistribución de los recursos: “La Junta ha destinado 1.1oo millones de euros a centros concertados y privados, y eso hay que ir reduciéndolo porque no tiene sentido. Se cierran líneas y se mantienen ratios altas cuando la concertada es un segunda red e innecesaria”.

“Se puede dar un mejor servicio si se cumplen las condiciones mínimas que estamos detectando, y si la propia administración lo contemplara”, recalca David Morilla, que denuncia asimismo la pérdida de poder adquisitivo del sector docente durante los últimos años y el “exceso de carga de trabajo a causa de bajas que no se cubren”.

Federico Miguel pide, igualmente, ir a las bases del problema en la escuela pública, donde se aprecian situaciones de “desigualdad social, de segregación, de exclusión”, en su mayoría concentradas en barrios y zona concretas, como consecuencia de la creación de una doble red: “una mantenida con fondos públicos, que es excluyente, y otra, que es la pública, que lo atiende todo”.

Albert Bitoden, de Flampa Jerez, invita por su parte a “leer entre líneas” lo que dice la encuesta de Ustea, en el sentido de que denuncia la ausencia de recursos de la escuela pública y de apoyos de la administración -un 92% de los docentes así lo siente-, frente a una escuela concertada y privada “que no debe ser la solución”.