Contabilizan unas 750 viviendas irregulares en plena zona inundable
La Delegación Municipal de Medio Rural tiene contabilizadas 749 viviendas irregulares en la zona inundable del río Guadalete. Son casi un centenar más que las existentes hasta hace un solo año y el Gobierno local asegura que está decidido a poner fin a esta situación, aunque para ello va a reclamar la participación y el consenso de resto de fuerzas políticas representadas en la Corporación Municipal.
Así lo avanzaba en la noche de ayer la delegada municipal, Susana Sánchez Toro, en el espacio El templete de 7 TV Jerez: “Es una decisión que ya ha tomado este gobierno con el objetivo de avanzar y actuar de la mano de otras administraciones y de otros partidos políticos”, exponía la delegada, que reconoció que esta situación “se lleva analizando desde hace ya bastante tiempo”. Obviamente, cuando habla de “actuar” se refiere a derribar, de ahí que admita asimismo la necesidad de estudiar la realidad de cada caso.
“Detrás de cada de cada familia hay una realidad diferente y no es lo mismo la persona que vive allí porque es su única vivienda que quien va a construirse un campito con una piscina para comerse un arroz el fin de semana. Es evidente que tan ilegal e irregular es una como la como la otra, pero evidentemente antes de actuar tenemos que saber qué podemos hacer con las familias necesitadas de vivienda”, señalaba Sánchez Toro.
Pero, por encima de lo casos individuales, la cuestión fundamental pasa por frenar y erradicar este tipo de construcciones en la zona inundable y evitar que se vivan situaciones como las que aún siguen vigentes con la crecida del río. “Esto es un problema que tenemos no sólo en Jerez, de ahí que pidamos que se empiecen a poner soluciones”, ante las dificultades que está encontrando el propio Ayuntamiento a la hora de impedir la proliferación de este tipo de viviendas.
“Los procesos judiciales iniciados por el Ayuntamiento se están demorando cuatro o cinco años”, subrayaba la delegada. “Técnicamente se hacen unos informes contra esa construcción, pero después tienes que poner hasta diez multas coercitivas para que la persona restituya la legalidad de la zona, y entre una y otra va a un tiempo que demora la orden judicial que autorizaría al Ayuntamiento a intervenir”.
Sánchez Toro explicaba que “muchas veces, cuando Urbanismo pone una sanción y propone un precinto, va el vecino y lo rompe y sigue construyendo. Se vuelve otra vez a poner otro precinto y lo vuelven a romper. Hasta que termina el procedimiento pueden pasar años en los que la administración no tiene la potestad de tirar esa construcción irregular, por lo que habría que reclamar más agilidad por parte de todas las administraciones competentes”. E incluso puso el ejemplo de Cuartillos, donde actualmente están en fase de tramitación un plan de ordenación urbanística para “regularizar todo lo que es la pedanía. Desde que en mayo se hizo la calificación ambiental, se envió a la Junta para la evaluación y está en marcha el procedimiento, ya tenemos cuatro o cinco viviendas irregulares construidas nuevas”.
En este punto la delegada fue tajante: “No se puede construir una casa donde le dé a uno la gana, porque en este caso el agua viene y busca su camino, y si tú has construido una vivienda en zona inundable en la Vega del Guadalete, en una parte que es afección del río, e incluso de los arroyos, ocurre esto”.
Mientras tanto, el operativo de limpieza puesto en marcha en la zona rural sigue adelante. La alcaldesa, María José García-Pelayo, visitó ayer la barriada rural de La Ina para seguir desde primera línea las actuaciones que se están llevando a cabo, señalando que “los trabajos para facilitar el retorno a las zonas rurales de todas las familias que fueron evacuadas y que ahora están volviendo a sus hogares, se están centrando en las barriadas de El Portal, Rajamancera y La Ina, con el objetivo de limpiar el cieno, los sedimentos, escombros, ramas y árboles caídos y otros residuos, así como retirar enseres que han quedado inservibles en el interior de las viviendas.
