ATMJ y UGT convocan protestas por la gestión “arbitraria” del personal municipal
La Agrupación de Técnicos Municipales de Jerez (ATMJ) y UGT han convocado una serie de concentraciones de protesta ante el Ayuntamiento “ante los graves incumplimientos” de la legalidad y la gestión “arbitraria” del personal municipal.
Las concentraciones se celebrarán todos los martes a partir del 7 de abril y cuentan ya con las autorizaciones correspondientes.
Según estas organizaciones, la política de Recursos Humanos del Ayuntamiento “está priorizando intereses espurios” en lugar del servicio público o la atención al ciudadano. Como ejemplo citan el hecho de que el personal de nuevo ingreso no esté siendo destinado a cubrir las vacantes existentes en determinados servicios.
Además, ATMJ y UGT advierten de que “no se puede consentir que se juegue con la vida de los ciudadanos en los procesos de oposición”, ya que, según sostienen, no se están respetando los plazos que marca la ley. También exigen la devolución de las tasas abonadas en ofertas públicas de empleo que consideran ya caducadas.
Ambas organizaciones justifican sus protestas en la “falta de un servicio público de calidad y transparencia con el ciudadano”, así como en “los incumplimientos constantes y reiterados del convenio y de la ley en materia de empleo público”.
Hace apenas una semana, la sección sindical de UGT ya denunció públicamente al Gobierno local por lo que consideraba una vulneración del ordenamiento jurídico que, a su juicio, comprometía la responsabilidad política en la gestión del empleo público.
En concreto, el sindicato se refería a la decisión de la Junta de Gobierno local de continuar con un proceso selectivo de promoción interna vinculado a la Oferta de Empleo Público (OEP) correspondiente al periodo 2019-2022 que, según sostiene, habría superado el plazo máximo de ejecución previsto en la normativa vigente, que fija un límite improrrogable de tres años para la ejecución de las OEP.
UGT exigía la declaración de nulidad de oficio del proceso por caducidad y la devolución de las tasas abonadas por los aspirantes, al considerar que la superación de los plazos legales era imputable exclusivamente a la inacción y posterior actuación irregular del Gobierno municipal.
